ISSN: 2695-4621
La generalización del uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación (TIC) en los entornos de trabajo, ya sea en el ámbito estrictamente privado de derecho laboral o en el de la Administración Pública, está permitiendo la posibilidad de obtener diversas pruebas de origen digital (correos electrónicos, archivos digitales, logs, mensajes de whatsApp, etc.) que sirven en muchos casos para acreditar hechos e incluso incumplimientos no sólo de trabajadores y funcionarios en el desempeño de sus servicios, sino también, como veremos, de las propias empresas y administraciones públicas.
La cuestión, objeto de estudio en el presente trabajo, radica en sí todos estos “documentos digitales” podrían servir de prueba válida en un proceso judicial, y especialmente en aquellos casos de mayor reproche disciplinario como puede ser un despido o una sanción derivada de un expediente disciplinario en el marco de una relación funcionarial. Al mismo tiempo se realizará un análisis de alguno de los pronunciamientos judiciales más relevantes tanto en la jurisdicción social como en la contencioso administrativa para analizar el tratamiento que de estos casos se hace con respecto a los funcionarios en supuestos análogos a los producidos en el sector privado. Seguir leyendo aquí
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