ISSN: 2695-4621
El Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local de Valencia ofrece todo su apoyo a la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat, para “atajar cualquier conducta que no sea adecuada dentro de las Administraciones Públicas”. Así lo puso de relieve la Presidenta de COSITAL Valencia durante la visita del Director de la Agencia, Joan Llinares, a la institución hace unos días.
La Presidenta de COSITAL Valencia puso también de manifiesto la importancia de que la Agencia cuente con otros colectivos, ya que los habilitados de carácter nacional no son los únicos funcionarios responsables de asesorar a las organizaciones para el adecuado cumplimiento de sus fines.
Llinares aprovechó para entregar la Memoria de actividades de la Agencia a la presidenta de COSITAL, y se la presentó como una “institución aliada con la que podéis contar para proteger la integridad de los funcionarios y funcionarias que se encuentren en situaciones problemáticas”, afirmó el Director de la Agencia.
La alianza entre estas dos instituciones se ha situado también en el terreno de la Formación. “La formación es básica para luchar contra las malas prácticas, dirigida tanto al personal de la Administración como a los cargos electos, por supuesto”, aseguró Llinares.
La presidenta de COSITAL Valencia relató a Joan Llinares las diferentes reivindicaciones del colectivo, generalmente dirigidas a la defensa de los derechos del Habilitado Nacional. “Es cierto que son luchas que llevamos a cabo para mejorar nuestra situación laboral, pero también la de las entidades en las que desempeñamos nuestras funciones ya que el hecho de que puestos reservados a nosotros sean ocupados por personal sin la cualificación necesaria, puede ocasionar situaciones que inviten al fraude, y esto afecta a toda la ciudadanía”, aseguró Vanesa Felip.
La reunión finalizó con un compromiso por parte de las dos instituciones para la creación de un documento en el que se aborden de forma específica todos los problemas del colectivo de los responsables de la fe pública y el control interno de las entidades locales.
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