Entrega de diplomas II CURSO DE GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS MUNICIPIOS 2012-2013.

El curso ha sido un éxito, han participado en el 34 secretarios-interventores de toda España, habiendo superado todos el curso y la fase de prácticas.

 

Ana María Sanchez, Secretaria de la Comisión Ejecutiva del Consejo General, Valentín Merino, Vicepresidente de la Comisión Ejecutiva del Consejo General y coordinador del curso, Juan Carlos González, subdirector del INAP, Eulalio Ávila, presidente del Consejo General, Javier Oliva, profesor del módulo del Área de Habilidades Personales del curso.

El Consejo General traslada las reivindicaciones de la “Declaración de la Asamblea de 16 de marzo de 2013” a la Secretaria General de Coordinación con las CC.AA. y las EE. LL, Rosana Navarro, en una reunión en el Ministerio.

La reunión tuvo lugar el pasado lunes, y en ella se repasaron todos y cada uno de los puntos, y especialmente se incidió en:

-La necesidad de que los criterios de informes de evaluación sobre los servicios sean emitidos sobre parámetros totalmente objetivos, con criterios exclusivamente técnicos, sin juicios de valor, dadas las tensiones que se pueden generar por la importancia de las decisiones a adoptar en función del resultado de dichos informes.

-La recuperación de la figura del secretario general municipal en los grandes municipios y del  asesoramiento legal preceptivo.

-La necesidad de suprimir el sistema de libre designación. 

-La supresión del inciso del texto del anteproyecto atinente a los nombramientos provisionales fundamentalmente por ser materia reglamentaria y porque puede provocar que municipios medianos y grandes sean servidos por interinos o accidentales mientras que los profesionales tengan que prestar servicios en municipios menores. 

-Se insiste en la necesidad de que las faltas leves sean competencia autonómica y las graves y muy graves estatal. En último caso, de residenciarse en las Entidades locales las faltas leves, debe ser el Pleno el competente para sancionarlas, a fin de dotar de mayor transparencia a estos procedimientos.

En el tema retributivo se traslada la fuerte oposición del colectivo a una posible bajada en las retribuciones y la necesidad de que este tipo de medida, de aplicarse, lo sea a todos los empleados públicos de todas las Administraciones, sin discriminar a los empleados locales. En este sentido, por el Ministerio se nos manifestó que no hay nada decidido al respecto, que se están realizando estudios sobre cuales son las retribuciones en la actualidad, que no están conclusos, que se plantearía un CPT para los que superaran el límite general a prever, en su caso, en Ley de Presupuestos, por lo que no habría bajada real individual de las retribuciones y que el tope máximo es muy posible que fuera el de las retribuciones de un Secretario de Estado (aprox. 100.000 € anuales). Igualmente que se nos iría informando de los pasos que se vayan dando en este sentido para poder alegar lo que consideremos pertinente.

Seguiremos informando a medida que el texto sea dictaminado por el Consejo de Estado y se vaya avanzando en la tramitación.

Deja tu opinión  o sugerencia en el Foro Reforma Ley de Bases de Régimen Local

 

Reunión con la Consejera de Entidades Locales del Tribunal de Cuentas a la que se le preguntó por la petición de información de las retribuciones de los Interventores.

Ayer, 5 de junio, el Presidente del Consejo General de COSITAL se reunió con  la Consejera de Entidades Locales del Tribunal de Cuentas María José de la Fuente y de la Calle, y se le preguntó por la petición de información de las retribuciones de los Interventores que ha realizado el Tribunal. 

Al principio de la entrevista se trasladó la enorme dificultad del trabajo de los interventores y secretarios-interventores: presiones internas, sobre todo cuando se formulan reparos, la gran cantidad de información que se ha de trasladar al Tribunal de Cuentas, a los OCEX y al propio Ministerio. También la reforma del Anteproyecto de reforma local que obligará a  trasladar al Tribunal Cuentas todo reparo, y la necesidad de que tal labor tenga la protección de un órgano ajeno de carácter objetivo que podría ser una Intervención General de las EE.LL, con habilitados. 

Se comenta que la responsabilidad es muy grande con la reforma de la Admón. Local, y también la necesidad de efectuar análisis de costes estándar con la consecuencia de la pérdida de competencias a favor de las Diputaciones, se insiste en este sentido en la necesidad de que se normalicen los indicadores de gestión para que estos estudios no estén sujetos a juicios de valor y que se objetivicen al máximo posible. 

Se le agradece que reflejen en los informes la existencia de excesivas vacantes que podría resolverse en parte con la vuelta de la selección al Estado y el compromiso del Ministerio de convocar entonces.

Se reconocen por la Consejera tales dificultades que se han planteado en las reuniones de coordinación con los OCEX, siendo un interés del Tribunal que los interventores lleven a cabo su función en correctas condiciones en cuanto al entorno, retribuciones entre otras,  para que no sufran impedimentos a su neutralidad y objetividad. 

Preguntada por la petición de información de las retribuciones de los Interventores que ha realizado el Tribunal de Cuentas, nos informa que en este sentido se orientan los trabajos del informe de fiscalización que están realizando: Fiscalización de las retribuciones y de la gestión de los sistemas de provisión y promoción de los puestos de la Intervención de las Entidades Locales, causa de la carta que se ha remitido a EELL que según nos indican con ella se pretende saber si por esta vía se impide esta objetividad (habla de 65 ciudades preseleccionadas ocupadas o las intervenciones por FHE) a los que se añadiría información solicitada a las CCAA (que llevan los registros de habilitados). Le puntualizamos que no podemos considerar solo el sueldo de los interventores sin considerar el suelo de los demás empleados en cada EELL (resto FHE y técnicos), ni tampoco los de la zona, pues de tener menores retribuciones la consideración profesional también sería menor y ello podría no ser nada bueno para el ejercicio del control . Nos comunica que se ha detectado que el específico se minora con el fin de que concursen los FHE,  toda vez que es medio de evitar la cobertura de vacantes hacer poco atractivo ocupar una determinada plaza.

Se le traslada que es necesario una reflexión sobre el actual modelo de fiscalización y su adaptación a la multiplicidad de EELL a lo que el Ministerio resulta receptivo, si bien se afrontaría en una segunda fase de la reforma local, y se hace una propuesta de mejora de la Fiscalización Limitada Previa, pues no puede ser que el 219.2 del TRHL permita que se limite solo a examinar la consignación y el órgano competente. Reitera el compromiso del Tribunal, que ha sido incluido en múltiples resoluciones, de que la auditorías externas deben efectuarse bajo estricto control de fines y medios de la intervención y no de forma ajena a la misma. 

Pero no son receptivos a una posible coordinación con el Fiscal en el Tribunal de Cuentas para evitar determinadas situaciones en las que se ha demostrado la falta de un criterio común a la hora de determinar la posible responsabilidad contable de un FHE con graves perjuicios para el mismo. El Consejo trasladó su malestar por la imputación por alcance a compañeros por cuestiones muy menores  y sin embargo a los grandes problemas no se le dedican suficientes recursos.

La Consejera se mostró dispuesta a entablar una constante colaboración  con el Consejo y se comentó la posibilidad de realizar una jornada conjunta con el Tribunal para tratar cuantas posibles acciones se pueden plantear para la mejora de la fiscalización. 

El Consejo General se entrevista en el Ministerio de economía y Competitividad con responsables de la redacción del anteproyecto de Ley de Servicios Públicos.

Se ha mantenido entrevista con Carmen Arroyo Waldhaus, Jefe de Gabinete Técnico del Subsecretario de Economía y Competitividad, y con el Vocal Asesor del mismo, Carlos Balmisa.

Los responsables negaron en todo momento que exista un texto definitivo, y mantienen que los diferentes documentos que circulan por la red no tiene credibilidad alguna, y que el artículo que afecta a este colectivo en esos documentos no verá la luz.

Por parte del Consejo General se resaltó nuestra utilidad para regular la  profesión de Secretario, Interventor y Tesorero además de las competencias sobre la Escala de Estado, CCAA y Entes Locales, vigilando que su ejercicio se realice en pro del interés general y ayudando en aquellos casos en que la Administración tiene dificultad para actuar en la práctica frente a actuaciones contrarias a este interés (baremos, intrusismo, como indican los Estatutos de 2011), en definitiva una garantía frente a la corrupción y a favor de la transparencia. Expusimos, además, que la existencia de la Organización Colegial no resulta incongruente con la reforma, máxime cuando nuestra colegiación es voluntaria. Se mencionó la implantación colegial en todo el país, respetando normativa sectorial autonómica, la existencia de un amplio patrimonio colegial,  la enorme dificultad jurídica que supondría el paso a Asociación y nuestra pertenencia a UDITE.

Por parte del Consejo General se hizo entrega de un dossier con amplia información de la Organización y de la normativa de la Escala y se trasladó la necesidad de que estemos informados en todo momento del proceso de elaboración del Anteproyecto. 

 

Utilizamos cookies propias y de terceros para realizar el análisis de la navegación de los usuarios y mejorar nuestros servicios. Al pulsar Aceptar consiente dichas cookies. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, pulsando en Más información