Sobre el convenio de COSITAL con el Consejo de Transparencia

Los hechos acaecidos en los últimos tiempos, corrupción, estafas, blanqueo de capitales, delitos de prevaricación, etc., hizo necesaria, en el año 2013, la aprobación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, cuya entrada en vigor ha sido progresiva.

Esta Ley pretende, entre otras cosas, reforzar el derecho de los ciudadanos a acceder a la información sobre actividades públicas, es decir, que conozcan cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterio actúan nuestras instituciones. Así, los países que cuentan, con mayores niveles en materia de transparencia y normas de buen gobierno, disponen de instituciones más fuertes que favorecen el crecimiento económico, el desarrollo social y una democracia más sólida.

La Ley regula e incrementa la transparencia de la actividad de todos los sujetos que prestan servicios públicos o ejercen potestades administrativas, mediante la publicidad activa y el derecho de acceso a la información pública.

Los sujetos que se someten a esta Ley, son muchos, entre otros, todas las Administraciones Públicas, organismos autónomos, agencias estatales, entidades públicas empresariales y entidades de derecho público, siempre que tengan atribuidas funciones de regulación o control sobre un determinado sector o actividad, entidades de Derecho Público con personalidad jurídica propia, Corporaciones de Derecho Público, la Casa de Su Majestad el Rey, el Congreso de los Diputados, el Senado, el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, el Banco de España, el Consejo de Estado, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas, el Consejo Económico y Social y las instituciones autonómicas análogas.

Si bien, hay voces críticas que consideran que es una ley insuficiente porque se aplica a nivel estatal y son las propias Comunidades Autónomas las que deben aprobar sus correspondientes leyes de transparencia, de hecho, a fecha de hoy, no todas las comunidades disponen de una norma y otras se encuentran en fase de tramitación, Cantabria, Ceuta, Madrid, País Vasco, Principado de Asturias y Castilla La Mancha.

Todos los organismos sujetos al ámbito de aplicación de esta Ley asumen una serie de obligaciones sobre la difusión de información institucional, organizativa y de planificación, de relevancia jurídica y de naturaleza económica, presupuestaria y estadística, información que se publicará en el Portal de Transparencia. Ahora bien, en este punto se hace necesario equilibrar el derecho de acceso a la información pública y el derecho de protección de datos personales, de tal manera que la propia Ley, en su artículo 15, establece unos límites.

La norma prevé un procedimiento, para facilitar al ciudadano el acceso a la información pública, en el que se regula el contenido de la solicitud, las causas de inadmisión de la misma, la tramitación y los efectos de la resolución, así como las reclamaciones, previas a la vía judicial, de las que conoce el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

Este Consejo se trata de un órgano independiente, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar al que se le otorgan competencias de promoción de la cultura de transparencia en la actividad de la Administración Pública, de control del cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa, así como de garantía del derecho de acceso a la información pública y de la observancia de las disposiciones de buen gobierno, en definitiva, es un órgano de supervisión y control para garantizar la correcta aplicación de la ley.

Las funciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno son adoptar recomendaciones para el mejor cumplimiento de las obligaciones contenidas en la Ley, asesorar en materia de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, informar preceptivamente los proyectos normativos de carácter estatal que desarrollen la Ley de transparencia, evaluar el grado de aplicación de la Ley, promover la elaboración de borradores, de recomendaciones, de directrices y normas de desarrollo de buenas prácticas en materia de transparencia, promover actividades de formación y sensibilización para un mejor conocimiento de las materias reguladas por la Ley y colaborar con órganos de naturaleza análoga en las materias que le son propias.

El Consejo solo tendrá competencias en aquellas Comunidades Autónomas con las que haya firmado Convenio, quedando, en otro caso, en manos del órgano autonómico que haya sido designado las competencias que a nivel estatal asume el Consejo.

Para llevar a cabo las funciones descritas anteriormente, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno requiere la colaboración de la sociedad civil, de ahí, la necesidad de firmar acuerdos con instituciones y organismos.

En este marco de colaboración, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y el Consejo General de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local han rubricado un protocolo, en virtud del cual se llevarán a cabo una serie de acciones formativas y de sensibilización social en los valores y la cultura de la transparencia.

COSITAL, con la firma de este acuerdo, ha querido ir más allá, garantizando la modernización del sistema político y el reforzamiento de la calidad institucional y organizativa del sector público local.

La colaboración entre los dos Consejos se materializará con la realización de acciones formativas, diseño y participación de eventos, elaboración de documentación, participación en proyectos de simplificación y reducción de cargas burocráticas en los procesos relacionados con la información al ciudadano, para lo cual será necesario la constitución de una comisión de trabajo, que empezará a funcionar de inmediato.

Con todo esto, COSITAL se convierte en referente de transparencia en el ámbito local, gracias a la imparcialidad e independencia en el ejercicio de las funciones que tiene atribuidas y en la alta formación y cualificación del colectivo que representa.

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